domingo, 6 de octubre de 2013
LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN LA DINÁMICA ECONOMICA
Universidad Fermín Toro
Decanato de Postgrado
Oficina de Enlace Barinas
La Administración Pública en la Dinámica Económica
Barinas, Octubre de 2.013
La ola de cambios propuestos en los últimos años en la gestión pública ha empujado a los gobiernos a iniciar procesos de modernización y reformas en el aparato público, a fin de estar en sintonía con la idea de lograr gobiernos más eficientes. Por tanto, el estado como institución tiene como objetivo determinar la eficiencia de las reglas de juego que ha creado.
En este sentido, según Douglas C. North las instituciones proporcionan la estructura básica por medio de la cual la humanidad a lo largo de la historia ha creado orden, y de paso ha procurado reducir la incertidumbre. Junto con la tecnología empleada determinan los costos de transacción y transformación y por consiguiente la utilidad y la viabilidad de participar en la actividad económica. Conectan el pasado con el presente y el futuro, de modo que la historia es principalmente un relato incremental de evolución institucional en el cual el desempeño histórico de las economías sólo puede entenderse como la parte de una historia secuencial. Las instituciones son la clave para entender la interrelación entre la política y la economía y las consecuencias de esa interrelación para el crecimiento económico.
El enfoque teórico entiende el orden institucional como un marco de reglas formales e informales que orientan el comportamiento individual en una dirección específica. North, agrega que dicho orden pretende reducir la incertidumbre del individuo frente al futuro. Para ello, la estructura institucional impone una trama de mecanismos que ofrecen hacer viable el funcionamiento del mercado, sea cual sea. Así, la gestión del marco institucional en el que se producen los intercambios, se define como mercado, el cual exige una dinámica de negociación por parte de los sujetos, lo que implica un esfuerzo económico que hace crecer los costes de transacción en cualquier actuación económica.
En otro orden de ideas, en cuanto a Estado y Administración Pública se refiere; se engloba bajo un conjunto de organizaciones estatales que realizan la función administrativa del Estado. Por su función, la administración pública pone en contacto directo a la ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial, que lo hacen de forma mediata. Por tanto, el Estado es la principal unidad política, administrativa y territorial. Aristóteles explicaba que las funciones que el Estado debía cumplir eran: las de deliberación, mando y justicia, con algunas variantes.
En otro sentido, el Estado Económico y la Administración Pública, como objeto económico obedece a los rasgos que el sistema capitalista le otorga, de tal forma que según sean el carácter y las características de las transacciones comerciales y financieras entre los agentes económicos, se delinea el papel económico del Estado en la búsqueda de brindar garantías y legitimidad a las relaciones industriales que en su momento histórico prevalecen.
Douglas C. North, expresa que las crisis sistémicas son efecto de la innovación en el nivel de la empresa y la organización privada de la producción y el trabajo, donde los nuevos negocios, o bien las nuevas fórmulas de hacer negocios distan del orden institucional por lo que caen en la economía informal o corrupción. En el grado de que proliferen estas nuevas fórmulas de hacer negocios, vienen en perjuicio de los negocios formales o que están inscritos en la economía formal, los cuales ven caer rápidamente su tasa particular de ganancia. En el caso opuesto, los negocios informales obtienen grandes ganancias a costa de las restricciones normativas que limitan a los negocios formales.
Los Estados modernos se apoyaban en sus instituciones para lograr que la maquinaria estatal pudiera funcionar. Al respecto, es evidente que, no es el Estado, o el poder político, el que crea las clases, sino que es la existencia de una sociedad dividida en clases la que crea el Estado, para defender todos los privilegios de la clase dominante.
El rol del Estado se puede analizar desde dos puntos de vista absolutamente interdependientes e interrelacionados: a) hacia afuera, es decir, su relación con la sociedad, b) hacia adentro, lo que implica verificar las características que debe tener su funcionamiento para viabilizar dicha relación.
En materia de relación con la sociedad, la experiencia del experimento neoliberal de desguace del Estado ha generado una corriente mayoritaria en la opinión pública a favor de una visión no neutral de la relación Estado-sociedad, ubicando al sector público en funciones de promotor, incentivador, operador, regulador, negociador, articulador y emprendedor.
Es necesario, sin embargo, señalar que una condición esencial para encarar una transformación en el rol del Estado es la adopción de una política de modernización del aparato público orientada al aumento de sus capacidades efectivas. Sin ella, toda referencia al cambio de rol estatal quedará en el ámbito discursivo y la brecha existente entre la intención y la realidad nunca será saldada.
Esta política de modernización se debe sustentar en tres pilares: a) definición de una macro-organización del sector público con reglas que determinen claramente los mecanismos de coordinación y articulación estratégica, tanto horizontal (entre distintas áreas de gobierno) como vertical (nación, provincias y municipios), capaces de procesar de manera efectiva información y recursos; b) cambio de paradigma en el funcionamiento de las instituciones, que permita definir acciones y rendir cuentas no ya del simple cumplimiento de normas formales sino de los resultados; y c) reestructuración de los sistemas administrativos de apoyo (presupuesto, tesorería, contabilidad, crédito público, recursos humanos, compras y contrataciones, control interno y externo) que posibiliten lograr una asistencia efectiva a la producción de regulaciones, bienes y prestación de servicios que la sociedad le demanda al sector público.
El Estado capitalista surge de esa relación contradictoria entre su esencia represora y su aparente función arbitral. Pretende ocultar su papel represor, como garante de la dominación de la clase burguesa mediante el monopolio de la violencia, al tiempo que quiere aparecer como organizador del consenso de la sociedad civil, que a su vez legitima al Estado (moderno) como árbitro neutral. Con esto el Estado fortalece además su monopolio ideológico y consigue un dominio más completo y encubierto de la sociedad civil.
Respeto al Estado contemporáneo, es de resaltar, que ha ido evolucionado de tal manera que hoy día son muchos los conceptos relativos a la convivencia del ser humano en sociedad, y al fin y al cabo van en la búsqueda de un mejor comportamiento humano a través de la regulación que impone el estado con la ayuda de la creación nueva de sus formas jurídicas, sus órganos e instituciones; no podemos olvidar que los cambios sistemáticos de las formas de relacionarse sobre todo las personas jurídicas tanto públicas como privadas, en las formas de producción, nos obligan a imponer un ritmo acelerado de transformaciones de las formas jurídicas, ya sea a través de la doctrina, la jurisprudencia o la formación o adaptación de las leyes a la estructura actual.
Es imperioso un cambio en el actual paradigma de funcionamiento de la administración pública que posibilite contar con organizaciones públicas ágiles, con procesos de gestión que apunten a los resultados previstos.
Respecto del rol del Estado, se requiere un replanteo de su forma de funcionamiento eliminando en lo posible los elementos de monopolio de modo de asegurar la mayor transparencia y en lo posible competitividad en las actividades que la sociedad decide encomendar al poder público.
En otro orden de ideas, se hace referencia al Estado Neo Capitalista, tal como lo han mostrado Sombart y Scheler, fue en los burgos, luego ciudades, en donde se gestó la cultura del Renacimiento, produciéndose el tránsito del Medievo a la modernidad, con una visión del mundo y de las cosas que informa la vida del hombre y, al mismo tiempo, influye de manera decisiva en la formación del capitalismo. Aunque el neocapitalismo es heredero del capitalismo constituye una realidad distinta de este. Se trata de otro orden económico y de otra estructura social. Existen diferencias muy acusadas entre el sistema capitalista y el neo-capitalista, pero quizás sea la más importante la siguiente: el capitalismo explota; el neo-capitalismo domina. Es decir: el capitalismo -dice Francisco Díez del Corral en su espléndida obra Liberación o barbarie- ha ido transformándose de sistema de explotación en sistema de dominación. Una dominación que, desbordando a la sola producción, se ha extendido al consumo y a la información. La estrategia reformista de las fuerzas anticapitalistas ha sido superada por la revolucionaria estrategia neo-capitalista de la integración. Y así, cuando los sociólogos estudian los sindicatos en la actualidad, los colocan bajo el epígrafe de aliviadero de tensión.
En relación a la evolución de Estado, la sociedad moderna, pues, se caracteriza por el establecimiento del Estado de derecho, en contraste con el régimen absolutista, la actividad del Estado o administración pública, varía la esfera de su movimiento de conformidad a la situación y las transformaciones de los elementos colectivos e individuales de la sociedad.
La eficiencia es un “paradigma importado” de la teoría económica, que ha orientado el trabajo de las organizaciones y sus dirigentes durante décadas, desde los trabajos de los economistas clásicos, Adam Smith y David Ricardo a mediados del siglo XVIII. Su planteamiento esencial es la relación entre insumos (gastos) y resultados (ingresos), su expresión es la reducción de los costos, o los costos mínimos. Tiene una lógica contundente, usted tiene que “producir con los costos más bajos posibles”, o dicho de otra forma, “obtener los mayores resultados con los mismos recursos (gastos)”.
La eficiencia es muy importante. Sin ella, no habría organizaciones; con ella hay menos organizaciones...los expertos en eficiencia están más contentos cuando hay menos costos, incluso si esto implica que haya menos clientes..”.- Minztberg. Cuando se intenta hacer más eficiente el funcionamiento del aparato del Estado, asimilándolo con la eficiencia en el funcionamiento de la Empresa Privada, se analiza a los mismos como si ambos tuvieran exactamente los mismos fines y/u objetivos. Creo que el objetivo de toda empresa privada es primordialmente el fin de lucro, luego, el proveer al consumidor de un bien que este necesita.
El Estado en cambio, necesariamente debe ser antes eficaz que eficiente. Es decir, debe producir con su gestión un impacto positivo en la población a la que se dirige. El Estado no está para ganar dinero, sino para ser eficaz, para distribuir equitativamente, para proteger al más débil, para ser un árbitro justo en las lógicas diferencias que conviven en toda sociedad.
En síntesis, es erróneo intentar analizar el funcionamiento del Estado desde la lógica de la eficiencia. Este debe ser primero eficaz, luego si es eficiente, mejor. En cambio la Empresa privada, debe ser primero eficiente, luego también eficaz, esto es, más responsable por el impacto que su inocultable fin de lucro, muchas veces produce negativamente en la población.”
El mercado es el entorno en que se mueve la empresa. La competencia en el mercado es lo que concilia los intereses de los consumidores respecto al interés diametralmente encontrado de los productores. El Estado tiene básicamente 3 funciones: La eficiencia económica que es relativa al uso racional de los factores productivos, que toca especialmente al carácter de sustentabilidad que debe cumplir el crecimiento económico para garantizar que el crecimiento no se de a costa del desarrollo. La competencia económica que toca el tema de la regulación de las empresas en condiciones de alguna forma de monopolización de los mercados. Las externalidades de la producción, que tiene que ver con regulaciones a las empresas respecto al efecto de tiene en terceros sus actividades productivas, muchas veces nocivas involuntariamente, tal es el caso del control ecológico de sus emisiones y actividad económica. De lado es importante señalar que el Estado, mediante su política económica o acción persigue de principio darle al sistema estabilidad. Esto es, que los patrones de las variables no cambien, al menos en el corto y mediano plazo. La política económica se define como un conjunto de acciones (inversión pública), y orientaciones (instituciones), que coadyuvan en el crecimiento económico para que sea lo sostenido sea sustentable, estable y autónomo.
Por otra parte, en cuanto a liberación se refiere, en términos económicos y en un sentido amplio, se entiende por liberalización el proceso por el cual se pasa de una economía sujeta al control del Estado a una economía de mercado. Supone siempre un cambio de manos públicas (Estado) a manos privadas (empresa de forma jurídica), tanto de la propiedad privada de la compañía como de los beneficios que ésta reporte, sean de la índole que sean.
En cuanto a la política comercial, se refiere a las medidas que aplican los gobiernos para regular los flujos comerciales con el resto del mundo y determina el grado de contacto de productores y consumidores nacionales con los precios mundiales. En la medida en que sus distintos instrumentos (como los aranceles, las cuotas o los subsidios) afectan a los precios y a las cantidades producidas, el ámbito de la política comercial es esencialmente microeconómico. No obstante, no siempre resulta fácil discernir la política comercial de algunas políticas sectoriales. A modo de ejemplo, cuando se aplica un arancel sobre un producto industrial, ¿estamos ante una política comercial o ante una política industrial? Numerosas políticas sectoriales recurren a instrumentos de la política comercial, por lo que es importante comprender sus consecuencias. En este apartado se analizan los efectos de los principales instrumentos de la política comercial sobre los precios y la producción, pero también sobre el bienestar social del país que los aplica.
La idea central de los enfoques tradicionales de la política industrial aplicados en los países en vías de desarrollo consistía en la creación de un amplio sector industrial. En cambio, el paradigma nuevo de la política industrial se centra en el desarrollo de ventajas competitivas por medio de la especialización flexible. La matriz de entradas y salidas que les indicaban a los planificadores de la industrialización en qué áreas se podían sustituir más importaciones, se ha vuelto obsoleta. En su lugar, se trata de identificar y reforzar las fortalezas y potencialidades de las empresas e instituciones y de su entorno.
La nueva concepción de la política industrial comprende cuatro elementos: la introducción de nuevos conceptos de organización a nivel de empresas, la creación de redes empresariales para posibilitar efectos acumulativos de aprendizaje, el fomento de la articulación entre las empresas e instituciones especializadas de apoyo, el aprovechamiento de nuevos mecanismos políticos de control para la elaboración de estrategias tendientes a desarrollar las ventajas de especialización y las fortalezas del entorno (“competitividad sistémica”).
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