Planificación Financiera

Enfoques y métodos de gestión aplicados por el Estado, la administración pública en la dinámica económica

POR: LCDA. ANYIBEL RAMÍREZ  

PROFESORA

DRA. CÁNDICE TERÁN DE GALINDO

       Para entender la dinámica de los procesos económicos actuales es necesario hacer un recorrido por la historia, solo así es posible valorar con ojo crítico el panorama en el cual está inmersa  la sociedad venezolana. Cada gobierno está marcado por una manera particular de hacer política  y en consecuencia esto afectará el comportamiento de la economía, los procesos sociales y las propias instituciones, siendo estas últimas el punto de partida de este análisis que pretende  mostrar una visión de cómo el Estado, que según Groppali (citado por Alessandri, Somarriva, Vodanovic, 1998), “es la persona jurídica soberana que está constituida por un pueblo organizado sobre un territorio bajo la autoridad de un poder supremo para fines de defensa, de orden, de bienestar y progreso social” (p. 520), puede ejercer sus funciones y alinearlas según las necesidades y requerimientos del colectivo.

     Relacionado al tema de las instituciones es necesario comprender cómo se  transforman y cómo evoluciona la sociedad en el tiempo, lo que permite identificar las diferentes etapas históricas. En este sentido, Robbins (2004) refiere:

El cambio organizacional es una actividad episódica, es decir, comienza en cierto momento, recorre varias etapas y culmina en algún resultado que los interesados esperan que signifique una mejora con respecto al punto de partida. Tiene un comienzo, una parte central y un final. El modelo de tres etapas de Lewin representa una ilustración clásica de esta postura. El cambio aparece como una ruptura en el equilibrio de la organización. Se transformó el estado de cosas y se hace necesario un cambio para instaurar un equilibrio nuevo. Algunos expertos aseveran que el cambio organizacional debe considerarse el acto de equilibrar un sistema compuesto por hasta cinco variables que interactúan en la organización: personas, tareas, tecnología, estructura y estrategia. Un cambio en una variable tiene repercusiones en una o más de las otras. (p.587).

     Las transformaciones en Venezuela se evidencian claramente en la década de los 30, que de acuerdo con Toro (2005) corresponde al momento de la repentina llegada de la riqueza petrolera, ocasionando una situación paradójica, en el sentido de que se fortalecía y enriquecía el Estado, en contraposición a la opresión de sus habitantes, algunos hundidos en la pobreza.

     “(…) En la medida del incremento de los ingresos petroleros, aunque el nivel de vida de la población aumentaba en forma acelerada, el enriquecimiento del Estado crecía en términos aún mucho más acelerados. Así, la característica resaltante a partir de la década de los cuarenta ha sido la de un  Estado a la vez opulento y torpe, que intenta promover el desarrollo económico del país en base a actuaciones masivas, aunque espasmódicas y poco coherentes, siguiendo un modelo de actuación por ‘el lado de la demanda’” (Toro,2005, p.519).

     Si bien se trataba de un momento sumamente importante para la economía de Venezuela, no se reflejó así en la población, pues tales ingresos quedaban estancados favoreciendo a sectores élites que poco o nada se interesaban por transformar la sociedad, y poder dar el salto de una pobreza eminente hacia el camino del desarrollo y de la mejora de la calidad de vida de su gente.   

Contrario a eso, las personas se ocupaban de las labores del campo, en donde aún prevalecían métodos ortodoxos propios de la época colonial, se exportaban pocos rubros y eran los mismos que se conocieron antes de la Independencia (café, cacao, añil, ganado y cueros), no existían vías de comunicación y la educación existía gracias al esfuerzo y vocación de algunas maestras, beneficio que favorecía a unos pocos; mientras que la formación superior era aún más elitesca, existían dos universidades, en Caracas y en Los Andes y la matrícula superaba los 500 estudiantes (Toro, 2005).

     Tal y como lo refleja el autor,  es irónico que en momentos de mayor bonanza, de mayor aceleración de la economía de la nación, fue entonces cuando se acentuó de manera indiscriminada la pobreza, el atraso de la población y una fase de oscurantismo que golpeó  al ciudadano común, a las familias que padecieron años de duros desajustes económicos creados desde sectores poderosos y por propio Estado. Sin embargo, la transformación llegó, porque más tarde los gobernantes de turno comprendieron que era necesario hacer uso de tales riquezas para mejorar el nivel de vida de la gente, y su visión fue la de transferir a la población los ingresos que se percibían de los hidrocarburos (Toro, 2005).

     Fue así entonces como los ingresos del “oro negro” se transformaron en centros educativos, hospitales, beneficios sociales, maternidades; y se consiguió erradicar el paludismo, la fiebre amarilla y las enfermedades gastrointestinales, que habían sometido durante años a los distintos sectores del país. Sin embargo, el  mal no estaba allí, sino en las estrategias posteriores que aplicó el Estado, cuando dio paso a la creación de empresas e instituciones para direccionar de una manera “descentralizada” estos ingresos petroleros. Se hizo una tarea imposible poder controlar esa gran cantidad de instituciones, que a larga reflejaron pérdidas económicas abrumadoras, hecho que poco importó a los políticos.

     Es así como el Estado siendo dueño de los hidrocarburos decidió,  de acuerdo con Toro (2005),  reservarse para sí otras actividades estratégicas:

Las cuales se desarrollaron bajo el calificativo de ‘empresas básicas’, concepto que fue originalmente concebido durante el gobierno de Pérez Jiménez y ampliamente expandido durante los gobiernos democráticos posteriores. Así, se estableció una gran industria petroquímica (IVP) y un numeroso grupo de empresas básicas en Guayana, adscritas a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Estas tuvieron a su cargo el desarrollo de la explotación minera del hierro (Ferrominera Orinoco), la industria siderúrgica (Sidor) y del aluminio (Interalumina), cuyo potencial, por lo demás, siempre se consideró extraordinario. A tales empresas, por pertenecer al Estado, no se les exigía cumplir con los requisitos mínimos de eficiencia, ni se les penalizaba con el castigo natural que acompaña a la falta de la misma: la quiebra. Por tal razón, arrojaban en general grandes pérdidas (p.526).

     A la par de este crecimiento y de las ganancias que se percibían a través de la maravillosa renta petrolera se labraba un camino difícil y tortuoso, cuyo verdugo amenazaba con aparecer en cualquier momento. “(…) los gastos del Estado se convierten en ingresos para los particulares; estos ingresos generan consumo; el consumo promueve la producción; la producción se transforma en nuevos ingresos, que estimulan aún más el consumo, dando lugar a mayores niveles de producción y así sucesivamente. Tal ‘espiral de crecimiento’, basado en los gastos del Estado, a la larga habría de traer gravísimas consecuencias” (Toro, 2005, p.530).

      Sin embargo, los cambios políticos y la rotación de los gobernantes consiguieron equilibrar la economía, lo que permitió alcanzar metas impensables para la Venezuela de la década de los 30, permitiendo a la nación el paso hacia a una sociedad moderna y capacitada para afrontar la nueva época signada por el acelerado proceso de desarrollo. 

     Es así como la administración pública ha dado resultados, que han sido favorables en su momento, pero que más tarde originaron un problema, esto es lo que obliga a establecer estrategias gerenciales innovadoras, que respondan al momento preciso que se está viviendo. Para Ballart (2001): “La innovación es considerada hoy como uno de los factores claves para dar solución a los importantes retos que tienen ante sí  las instituciones públicas y privadas. Algunos autores afirman que fuera de las palabras y manera de formular la innovación, poco hay distinto al problema que tradicionalmente se han planteado las organizaciones desde prácticamente su origen. (…) La innovación es hoy, sin duda, una de las esperanzas para abordar muchos de los dilemas que parecen insolubles en el entorno económico y empresarial de nuestros días”.

     Pero más allá de enfrentarse a un cambio, los gobiernos sucesivos a la década de los 40 continuaron bajo esos lineamientos de dependencia a los altibajos de los mercados mundiales del petróleo. “Con frecuencia, nuestra economía se vio enfrentada a difíciles situaciones derivadas de las irresponsables actitudes antes descritas; sin embargo cada vez que nos acercábamos a situaciones que ya parecían insuperables, surgía algunas crisis en los  mercados mundiales de los hidrocarburos (…)” (Toro, 2005, p. 534).

     En este paseo por momentos determinantes de la historia económica del país se visualiza un Estado, que si bien ha sido capaz de aplicar la gerencia, de abrirse camino en el contexto internacional y aportar beneficios a la población, también hay un Estado que no cuenta con  un plan concreto de mejora a largo plazo, que más allá de los “pañitos tibios” no basó sus estrategias de desarrollo en propuestas con visión de futuro, para consolidar el desarrollo social e integrar a todos los sectores bajo un modelo participativo.

     Pero en medio de los cambios y evoluciones es importante precisar el papel del Estado a lo largo de la historia, de modo que con este conocimiento se pueda entender su influencia y su acción  sobre las sociedades. Al inicio de este ensayo se describió ligeramente la palabra Estado, y en lo sucesivo se ha ido tejiendo a través de las ideas expuestas las diferentes figuras que se  han hecho presente en cada etapa que ha vivido el país, sin embargo en este punto se ahondará más en su formas y como se constituye.

 Pinochet (1984) señala: “Para llegar a formar un Estado es necesaria la existencia de una parte de humanidad, masa humana; un territorio donde establecerse y una fuerza espiritual que una. Estos tres componentes básicos son los que denominamos elementos constitutivos del Estado” (p.75).

     Pero basados en nuestra historia, pudimos observar cómo la administración pública se ha encargado de las decisiones respecto al tema  petrolero y de todas las actividades relacionadas con esta actividad. El  Estado constituye la máxima instancia que consolida las relaciones sociales, forma parte de ese “todo” político de la nación, por lo que se convierte en la estructura  que regula el  juego y conflicto de intereses del colectivo.

     Morishima & Martínez (1981), al hacer referencia al Estado moderno, advierte: “En las sociedades modernas, el Estado es un organismo capaz de ejercer la coerción y los distintos medios de coerción son monopolizados por él. En otras palabras, este único organismo, ‘el Estado moderno’, que posee los medios físicos de coerción y cuyo poder está centralizado, ha surgido como consecuencia de la cesión de todos los poderes de coerción física (por parciales o imperfectos que estos fueren), poderes que anteriormente se encontraban en manos de otros tipos de organismos y de su utilización única por el gobierno central” (p.3).

     El papel del gobierno en una sociedad moderna es regular las interacciones de los distintos sectores de la sociedad y velar por el cumplimiento fiel de las leyes establecidas. (Jaffé, 2007).

     Ahora al hablar del Estado capitalista, en nuestro contexto específico, se refiere a esta toma de poder por parte de ciertas élites. “Es un sistema que asciende en un proceso continuo y contradictorio de toma de poder por parte de dirigentes pequeños burgueses de la economía y la política” (González, año, p.14). En el contexto petrolero la idea era que la estrategia formara parte de esa visión capitalista, por medio de controles rentistas o fiscalistas, cuyos ingresos solo favorecerían a sectores establecidos y con poder, como sí ocurrió en la época de las primeras concesiones, en donde el rol del Estado se centró en brindar protección a sectores privados y a financiar grupos económicos.

     Para Miliban (1997) el capitalismo es “como un sistema en el que al menos la parte predominante de los medios de la actividad económica (industriales, comerciales, financieros y los relacionados con las comunicaciones) pertenece a la propiedad privada y está bajo su control, y en el que la dinámica primordial de esta actividad, arrolladoramente más fuerte que cualquier otra, es la obtención de beneficios privados de asalariados formalmente independiente” (p. 14).

     Otro término que ha surgido como parte de esas relaciones entre el Estado y las sociedades es el  Neocapitalismo, que de acuerdo con Mandel (citado por López, 1998) “es el nuevo modus operandi del sistema capitalista, cuyas características especiales se derivan de las necesidades orgánicas del mismo capital. El acelerado ritmo de innovación tecnológica y la reducción del período de vida útil del capital fijo imponen cálculos precisos de depreciación y obsolescencia, y generalmente una planeación a largo plazo cada vez más precisa de los costos”.

     Esta figura demanda una participación más dinámica, que se haga de las herramientas necesarias para tomar la conducción y el control sobre el sistema económico. El neocapitalismo exige por el contrario un Estado fuerte y activo, capaz de regularizar el funcionamiento de la economía y de mantener las condiciones necesarias para el crecimiento” (Escribano, 2011, p.46). 

     Al margen de esta definición se pueden ubicar las relaciones que se producen por parte de ciertos sectores del territorio venezolano, quienes acostumbrados a disfrutar siempre de los ingresos del petróleo, para beneficio de determinados grupos, han luchado por mantener en el tapete este tipo de relaciones con el Estado, lo que Acuña (2008) describe de la siguiente manera:

Después de muchos esfuerzos de concertación, amplitud en las decisiones de política económica, estimulo a la inversión y a la producción con fuentes de financiamiento oportunas y rentables, las respuestas siempre han sido presiones de diversa índole que tienden a privilegiar los beneficios del capital sobre los de la responsabilidad social. Así llegaron las nacionalizaciones, y para descalificarlas se les ubica en el contexto del Capitalismo de Estado. (…) En la época del Imperialismo, el Capitalismo de Estado se transforma en Capitalismo Monopolista de Estado y se caracteriza por unir los monopolios más grandes con el aparato del Estado burgués, por subordinar al Estado a los monopolios con el fin de despojar en grado máximo a los trabajadores y obtener altos beneficios monopolistas. Fue esta la forma de Capitalismo de Estado instaurada en Venezuela a partir de la adopción del modelo de sustitución de importaciones de finales de los años 50 del siglo XX. El Estado venezolano en asociación con el capital nacional y transnacional, se hizo dueño o socio mayoritario de empresas o actividades económicas, pero no con la finalidad de contribuir con la equidad en la distribución del producto social, sino para fortalecer la acumulación y la apropiación privada del excedente económico de los grupos que sustentados en su poder económico accedieron al control del poder político. El mejor ejemplo de Capitalismo de Estado lo constituyó la PDVSA meritocrática surgida de la nacionalización de 1975, considerada como una trasnacional del petróleo de similares características a Exxon Mobil, y cuya misión era exclusivamente producir petróleo y ser competitiva en el mercado internacional. Razones suficientes para liderar un sabotaje petrolero dirigido a terminar con un gobierno cuyo propósito es saldar una enorme deuda social acumulada por décadas de Capitalismo de Estado. Es ese el Capitalismo de Estado que heredamos.

     Al hablar de capitalismo es imposible dejar fuera el socialismo, en la cita anterior se hace una comparación entre ambos sistemas. En lo que a socialismo venezolano se refiere, en primer lugar se puede decir que el término fue dado a conocer con mayor profundidad durante el gobierno de Hugo Chávez Frías (1999-2013), quien con un plan ambicioso y certero mostró a Venezuela y al mundo entero la mezquindad del sistema capitalista y criticó fuertemente economías desarrolladas en base a tales preceptos, como el caso de Estados Unidos. En el sistema socialista, las sociedades se mezclan en un hecho más consolidado, en donde se da paso a un Estado participativo, pluralista, humanista y social, en donde la igualdad y la participación Estado-Pueblo conforman un binomio de muy alto espectro para la economía.

     “(…) cuando el yugo del dominio y de la destrucción capitalista oprime cada vez más al mundo, una imagen pujante de un socialismo alternativo, realista e inspirador al mismo tiempo, resulta absolutamente necesaria”, (Anónimo, 2006, p.17).

     Por su parte, el presidente Chávez, político de izquierda, refirió lo siguiente sobre el sistema capitalista: “El modelo capitalista que está por todos lados, ése es un veneno, ése es un veneno que contamina todo. Es como cuando alguien riega con veneno un bosque. Entonces, ese veneno daña las plantas, se mete en la tierra, se mete más abajo en las aguas, envenena todo, envenena a la gente, a los animales, las plantas; el Capitalismo es un veneno que envenena, lo más grave, el alma de la gente”, estas aseveraciones las hizo durante la alocución de su programa radial, Aló Presiente, número 351, realizado el 7 de febrero de 2010.

     Dijo además: “El capitalismo destroza los valores humanos, los va demoliendo, y convierte al ser humano en un instrumento, en una mercancía y nos condena a una vida sub-humana”.

     En el marco de la Revolución Bolivariana, Chávez señaló que para llegar a este socialismo habrá una etapa de transición que denominó como democracia revolucionaria. Expresó: “Hemos asumido el compromiso de dirigir la Revolución Bolivariana hacia el socialismo y contribuir a la senda del socialismo, un socialismo del siglo XXI que se basa en la solidaridad, en la fraternidad, en el amor, en la libertad y en la igualdad”, palabras que ofreció en un discurso a mediados de 2006. Además, este socialismo no está predefinido. Más bien, dijo Chávez “debemos transformar el modo de capital y avanzar hacia un nuevo socialismo que se debe construir cada día”.

     Desde la óptica socialista defendida por el gobierno actual este sistema está pensado para el bienestar común, en donde valores como igualdad y justicia social se juntan para otorgar beneficios al colectivo disgregado en las mal llamadas clases sociales. El proyecto socialista emerge sobre una democracia participativa, configurando una nueva relación entre las comunidades y el Estado, al tiempo que se le otorga poder a las comunidades organizadas, lo que expande la economía en el ámbito social.

     Alineadas con estos propósitos de crecimiento y de oportunidades más justas para el bien común, entonces surge el tema de las leyes y normativas para darle a todas estas estrategias el carácter legal que merecen. Desde la reformulación de nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respaldada en su momento por la mayoría del pueblo soberano, se encuentran también los reglamentos, leyes orgánicas, ordinarias y códigos, que han sido la guía para mantener controlada las acciones del Estado y de los individuos que en el interactúan, constituyendo un Estado de derecho y constitucional. 

     A este proceso es lo que algunos autores, como Häberle (2003), lo describen como: “Parte de las funciones estatales y permanece articulado en el sistema conjunto de la división de poderes y debe respetar el principio de los límites jurídico-funcionales (…)” (p. 222).

     Es así como dentro de la administración pública y de sus actividades se circunscriben una serie de elementos reglamentarios y leyes que permiten actuar bajo esquemas configurados por el Estado para mantener el equilibrio en la sociedad y darle respaldo ante acciones que pudieran inmiscuirse y desviar el interés principal, que no es otro que el impulso del desarrollo económico y social de su gente.

     Atrás quedó el modelo libre en la que cada quien actuaba por su criterios. “El crecimiento desbordante de los órganos desconcentrados, en especial, servicios autónomos sin personalidad jurídica y los entes descentralizados funcionalmente (…) en Venezuela, y la importancia material y financiera en aumento de la misma, ha planteado, innumerables problemas de orden jurídico, administrativo y político (…), para percibir el impacto que las instituciones que la componen, han tenido en el contexto de la administración pública” (Castillo, 2006, p. 116).

        Las consecuencias a estos actos se tradujeron en desórdenes, en aislamientos de esos órganos y a una autonomía mezquina que nada tenía que ver con el beneficio común. Castillo (2006) refiere que “vistas las consecuencias que en el orden político,  jurídico y administrativo ha generado la proliferación de órganos desconcentrados y entes descentralizados funcionalmente y los deficitarios controles ejercidos sobre éstos por la administración central, debemos señalar que en Venezuela han tenido lugar numerosos intentos para avanzar en la configuración de un régimen jurídico que regule la actividad de tales órganos y entes” (p.118).

     Tales aseveraciones tuvieron una respuesta contundente el 17 de octubre de 2001, fecha en la que se promulgó la Ley Orgánica de la Administración Pública para darle piso legal a las acciones que emprendería, en adelante, la institución de este sector. (Castillo, 2006, p.118).

     De moto que a través de este instrumento legal se pueden establecer mecanismos de control que permitan dar cumplimiento al plan estratégico de la nación, programa que engloba áreas puntuales de todos los ámbitos necesarios, para potenciar el país: tecnología, geopolítica, educación, participación ciudadana, siembra del petróleo, independencia, contribuir con la conservación del planeta y seguir construyendo el socialismo, entre otras aristas que bien configuran un plan macro para el desarrollo de la nación.

     Estos controles apuntan además hacia un mejor funcionamiento de las organizaciones del Estado, pues a través de las labores administrativas leales se consolida la actividad comercial y se potencia la organización, lo que se traduce en una mejora de la eficiencia, es decir se tiene conciencia en cómo se hacen las actividades dentro de la empresa. Cuando se toca el término eficiencia, es necesario definir también la eficacia, que aunque se tiende a usarlos unidos cada uno tiene un significado distinto.

     “La eficiencia y la eficacia se refieren a lo qué hacemos y cómo lo hacemos. Eficiencia significa hacer una tarea correctamente y se refiere a la relación que existe entre los insumos y los productos. (…) Así pues, la administración busca reducir al mínimo los costos de los recursos” (Robbins & De Cenzo, 1981, p.5).

     En cuanto a la eficacia los autores antes mencionados señalan que: “La administración también se encarga de concluir actividades. En términos administrativos, esta capacidad se llama eficacia, lo cual quiere decir hacer la tarea correcta. En una organización, esto significa alcanzar las metas” (p.5).

     En el contexto local, se puede decir que tanto la formación, como la capacitación de los servidores públicos fomentan la eficiencia. Al respecto Muñoz (2012) detalla lo siguiente:

La capacitación está referida tanto a lo meramente técnico en el área de desempeño; como también al estamento legal, ético y socio- político que norma u orienta el ejercicio de un determinado oficio o profesión en la Administración Pública. Toda funcionaria o funcionario público está,  ética, moral, legal y responsablemente obligado a conocer  lo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), establece sobre sus deberes y derechos. Debe tener conciencia que la ley Madre  contiene el modelo de país que las y los venezolanos decidimos darnos a partir de su aprobación en referéndum el 15 de diciembre de 1999.  Debe conocer que el Título IV  de la CRBV, está referido al Poder Público (Artículo 136 al 185). Todo funcionaria o funcionario público debería saber que el artículo 139 de la CRBV, establece que: el ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución  o de la Ley; y que ignorarlo no le servirá de excusa porque en Derecho se presume que la ley es conocida por todos y en función  de esa premisa, el Código Civil en su artículo 2 establece que: la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. Igualmente, es necesario que el funcionariado público entienda y cumpla con  el contenido del artículo 25 de la CRBV: Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la Ley es nulo; y los funcionarios públicos y las funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil, y administrativa, según los casos, sin que les sirva de excusas órdenes superiores. Teniendo en mente lo anterior, un pre- requisito para ingresar a la Administración Pública debería ser la sensibilización sobre el real significado de ser una o un  servidor público. Se debe buscar la manera de hacerlo efectivamente. Un conocimiento que no debe faltar es el contenido del artículo 141 de la CRBV: La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

     A modo de englobar ideas, de acuerdo con lo que se ha descrito en este ensayo es posible decir que la economía y los procesos que implica este sector han ido dando cambios interesantes, cambios que han sido rápidos o acelerados, en algunos casos, en otros han sido más lentos, pero tal dinámica la ha dado la evolución del Estado y las actuaciones políticas que se han presentado en cada período de la historia. Si bien en los momentos actuales existe un gobierno en el que se han abierto mayores oportunidades de participación a la población, en la que la diversidad, pluralidad y equidad configuran una nación que intenta configurar sus estrategias bajo un modelo socialista, aún hay matrices adversas a este modelo.

     Desde la perspectiva de Penfold & Vainrub (2009) se desprende el siguiente argumento:

“Las políticas públicas que Venezuela ha instrumentado durante los últimos diez años han afectado de manera contundente el espacio de acción y de reacción de las empresas y sus gerentes. Aunque los altos precios del petróleo han traído consigo años de bonanza económica, con el consiguiente aumento de demanda por parte de los consumidores, las políticas gubernamentales han elevado los costos de transacciones y restringido los espacios de maniogra de las empresas. No obstante, algunas empresas lograron navegar exitosamente las movidas aguas de estos años turbulentos” (p.131).

     Entre hechos y opiniones muy distintas, en donde cada sector describe un tipo de país diferente, emergen logros y avances que han dado a Venezuela un vuelco importante, sobre todo en materia social, gracias a los ajustes que el Estado ha hecho a su estrategia. Hoy es posible visualizar una mayor independencia en la nación, en la que se ha permitido consolidar convenios estratégicos con potencias como la República Popular de China, logrando inscribir, en fecha muy reciente, 28 beneficios para el pueblo venezolano, los cuales se orientan en materia de tecnología, educación, cultura, cooperación espacial, alianzas mixtas para el sector de hidrocarburos, préstamos para ejecución de proyectos de desarrollo, desarrollo rural para incrementar la producción de alimentos y reimpulsar el tema de las telecomunicaciones, entre otros. (El Universal, 2013).

     Por su parte, Andrade (2005), quien tiene un enfoque positivo sobre las acciones del Estado dentro del socialismo expresa:

La revolución bolivariana, entre otros principios plantea que lo económico se subordina a lo político, y pone a la política al servicio del soberano, del pueblo. Debido al profundo respeto que en Venezuela se tiene por la libertad, las transformaciones se han hecho en medio de las más amplias libertades democráticas. No ha sido casual que el gobierno se haya relegitimado varias veces, mostrando un profundo respeto por el pueblo y coherencia entre el discurso y la acción política. En Venezuela, y bajo la revolución bolivariana, el nivel del gasto social no tiene precedentes. Mediante las misiones se reorienta el gasto y la inversión hacia la salud, la educación, el trabajo, la infraestructura y el desarrollo industrial, buscando generar una nueva cultura de pequeños empresarios integrados en redes cooperativas y no cooperativas bajo un concepto de desarrollo endógeno que satisfaga las necesidades de la comunidad y desde la comunidad hacia el país y hacia el mundo, eliminando paulatinamente la dependencia. Hoy el mundo entero sigue de cerca el proceso venezolano, esperanzados en nuestro éxito, porque el nuestro es el éxito de la libertad, y la libertad plena, siendo un fin común para todos los pueblos, ha sido diferida por mucho tiempo.

     Mayor independencia, valores más arraigados y mucha más conciencia forman parte de los logros que la configuración del Estado socialista ha configurado en la sociedad. Más allá de algún criterio a favor o en contra de alguna fracción política, es imposible no reconocer el cambio que las políticas actuales han ofrecido al país. Desde Latinoamérica se puesta por la independencia, por el fortalecimiento de sistemas económicos que se alejen del modelo capitalista, en el que sólo algunos continúen enriqueciéndose, menoscabando los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas que hacen vida en el territorio. Hace falta capitalizar la conciencia, hacer valer las leyes y hacer entender al pueblo que sólo a través de la formación, del conocimiento y de las verdaderas transformaciones es posible entender la nueva configuración del Estado, ante las interferencias que siempre están presentes.    

    
Referencias Bibliográficas

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